Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició la segunda jornada del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura.
Para este viernes, el Parlamento debatirá la última versión (25) del Proyecto del Código de las Familias, la Fiscalía General de la República rendirá cuenta, así como el Gobierno de la provincia de Granma, y se presentarán los resultados de la Alta Fiscalización al Ministerio de Energía y Minas.
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APRUEBAN DIPUTADOS INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Sobre la gestión de la Fiscalía General de la República, influenciada por complejos acontecimientos del escenario nacional e internacional, conocieron los diputados durante la segunda jornada del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX Legislatura.
En ese sentido, la Fiscal General, Yamila Peña Ojeda, durante la rendición de cuentas del período comprendido entre 2017-2021 explicó que esta etapa se caracterizó por el recrudecimiento del bloqueo contra nuestro país; la agresividad anexionista en el vano intento de desencadenar un «golpe suave» y provocar el derrocamiento de la Revolución; el enfrentamiento jurídico penal a diferentes manifestaciones de delitos, indisciplinas sociales e ilegalidades que afectaron la estrategia de recuperación económica trazada, todo ello unido al desafío impuesto por la COVID-19.
Al referirse al cumplimiento de las recomendaciones de la ANPP en la anterior rendición de cuentas, señaló en el informe–aprobado por los diputados– que se continúa trabajando en el completamiento de las plantillas del personal técnico y auxiliar; y en lograr mayor estabilidad en los cargos de fiscales.
En este sentido, el informe expresa que 50% de los fiscales tiene una experiencia de trabajo superior a los cinco años, lo cual es una fortaleza para transmitir conocimientos y contribuir a la formación de los nuevos ingresos.
Asimismo, el documento agrega que en el periodo analizado los fiscales realizaron más de 300 000 controles a expedientes de fase preparatoria, fundamentalmente en aquellos con términos superiores a los 60 días, y participaron en la práctica de más de 47 000 diligencias de instrucción, fundamentalmente en declaraciones de imputados y testigos, reconstrucción de hechos, experimentos de instrucción, entre otros.
Según la Fiscal General de la República, durante este periodo se brindó atención a la utilización racional de la medida cautelar de prisión provisional y a su permanencia, impuesta fundamentalmente ante conductas y hechos de mayor gravedad. De igual forma, la solicitud de sanciones se ajustó a la política penal, en correspondencia con la gravedad de los hechos, circunstancias y otros factores.
Asimismo, contabiliza que en esta etapa los fiscales participaron en más de 120 000 juicios.
Se refirió al trabajo realizado desde 2019 para la concepción integradora de un sistema de atención a los ciudadanos, informatizado hasta nivel municipal, como un proceso clave para evaluar las quejas y peticiones de las personas sobre intereses diversos.
Por otro lado, el informe detalla que entre 2017 y 2021 se registra un incremento de más de 174 534 personas atendidas, respecto a la etapa anterior. Mientras que, en el restablecimiento de la legalidad, los fiscales dictaron 787 resoluciones y, en 12 882 casos, procuraron su solución inmediata, gestionada directamente con los responsables, lo cual significa que en el 16% de las reclamaciones, las personas tenían razón en sus planteamientos.
Acerca de la participación de la Fiscalía en los asuntos jurisdiccionales no penales y en la protección de los menores de edad y las mujeres, señaló que los fiscales intervinieron en más de 25 000 procesos civiles y de familia, el mayor número relacionados con las relaciones paterno filiales, reconocimiento de matrimonios, divorcios y reclamación de alimentos.
Por otro lado, conforme a las facultades que le concede la ley en la representación de menores de edad y personas con discapacidad, los fiscales promovieron más de 800 asuntos de jurisdicción voluntaria y dictaminaron más de 5 000 expedientes de esta naturaleza trasladados por los tribunales; instaron la constitución de 2 000 tutelas y firmaron una cifra similar de documentos notariales.
Peña Ojeda resaltó la labor de este órgano en el amplio proceso de desarrollo legislativo, a cargo de la elaboración de las políticas y anteproyectos de disposiciones jurídicas.
En cuanto a la organización territorial y estructura adoptada a partir de la vigencia de la ley no. 140/2021 de los tribunales de justicia, consta en el informe que la conformación de las secciones territoriales conlleva una mayor movilidad de las partes, al estar compartido entre varias sedes el conocimiento de las materias.
Las Fiscalías en cada territorio hicieron las evaluaciones con los tribunales y propusieron las medidas organizativas y de aseguramiento internas, que garantizaran su participación en los procesos sobre materia penal, civil, familiar, administrativo, mercantil, del trabajo y seguridad social.
Entre las medidas adoptadas para la aplicación del régimen de garantías que prevé la Ley No. 143/2021 del Proceso Penal, se establecieron, como funciones obligatorias para los fiscales, entre otras, velar porque la autoridad actuante garantice el derecho a la defensa de todo imputado y a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso, que se fija a partir de la instructiva de cargos.
La fiscal general ratificó que desde este organismo se continuará trabajando en defensa de nuestro estado socialista de derecho y justicia social.
Como recomendaciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos propuso incrementar las acciones para incentivar la incorporación de fiscales y su permanencia en las instituciones, además de garantizar revertir las insuficiencias que se aprecian en su cargo.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, al leer el dictamen, recomendó redimensionar la intervención del fiscal en el control de la legalidad penal, efectuar un reanálisis de su plantilla a partir del cúmulo de propuestas que se derivan a este órgano.
Yenisey Gonzalez Rodríguez, diputada por Niquero, expresó que el reto continúa siendo el completamiento de plantilla, un punto donde ya se han tomado medidas como la ubicación anticipada de estudiantes y la promoción de la graduación de técnicos medios.
Al respecto, la fiscal general de la República se refirió al tema completamiento y permanencia, con la responsabilidad el órgano de mantener las condiciones que inciden en el trabajo, son hechos que convidan a pensar cuánto más se debe hacer.
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PRESENTAN A DIPUTADOS VERSIÓN 25 DEL PROYECTO DEL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS
La consulta popular que se destaca por su alto contenido democrático, se realizó por mandato de la Constitución de la República entre los meses de febrero y abril de 2022, como ejercicio genuino de participación directa que permitió a las personas aportar sus opiniones, criterios y recomendaciones a la Comisión Redactora del proyecto del Código de las Familias, destacó Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, en su intervención ante los diputados de la Asamblea Nacional.
La versión 25 del Código es una propuesta más sólida, porque está impregnada de soberanía popular y es reflejo de la esencia revolucionaria, de protección de derechos, garantista de justicia social y de alto contenido humano, aseveró.
Estamos en presencia de un Código —dijo— que es para el beneficio de todos, lo que patentiza su carácter inclusivo, protector y de igualdad, que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos, y permite «solucionar los conflictos que acontezcan y ejercer los derechos reconocidos en ese ámbito, atendiendo a las características, situaciones y posibilidades de cada persona».
Es una norma moderna, que ofrece soluciones a problemáticas actuales desde la innovación científica interdisciplinaria, expresión de respeto a los mandatos de nuestra Carta Magna y de los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario, agregó.
Recordó que, según los datos emitidos por el Consejo Electoral Nacional, la consulta popular fue un ejercicio pleno, legítimo, interactivo, democrático, voluntario y expresión de participación del pueblo en la toma de decisiones.
En este proceso participaron el 75, 93% de un total de 8 535 742 electores que debieron hacerlo, se realizaron 79 192 reuniones, de ellas 1 159 en el exterior, y fueron procesadas 434 860 propuestas, precisó el titular de Justicia. Destacó, en tal sentido, que el 61.96% de las propuestas realizadas fueron a favor del Código de las Familias.
En resumen, la versión 25 es el resultado de la modificación del 49.15% de todo el contenido del proyecto anterior que fue sometido a consulta popular, y a este impacto, ya de por sí trascendente, se une además los resultados de las consultas especializadas que también aportaron importantes cambios, detalló.
Por otra parte, los títulos con mayores modificaciones fueron los relacionados a la filiación, las relaciones parentales, la institución del matrimonio y de otras instituciones de guarda y protección en el ámbito familiar.
Tal y como explicó el ministro, entre los aspectos fundamentales que cambian en la actual versión se encuentran la ampliación de los Por Cuanto, se reconoce expresamente el derecho al cuidado, y se amplía la protección de niñas, niños y adolescentes, y se entrelaza el principio de interés superior de estos, con los deberes que les asisten.
De igual forma, señaló que se refuerza la tutela urgente ante la discriminación y la violencia, y se amplía la posibilidad de denuncia a cualquier persona que conozca de esos hechos; se definen las formas de canalizar los incumplimientos de obligación legal de dar alimentos; y se perfilan las causas del cese de la obligación legal de dar alimentos y sus excepciones.
Otras de las modificaciones van dirigidas a esclarecer la definición de la gestación solidaria, su distinción con los supuestos que generan multiparentalidad, en tanto, se establece un plazo para iniciar el proceso y se protege más esta institución.
Con respecto a las instituciones jurídicas del ámbito familiar, como el matrimonio, uniones de hecho afectivas, la adopción, las técnicas de reproducción humana asistida, la autonomía progresiva y la responsabilidad parental, Silvera Martínez aclaró que, aunque se perfeccionan determinados aspectos de sus contenidos, se mantienen en el proyecto para garantizar su coherencia con la Constitución, los tratados internacionales, y porque nuestro pueblo mayoritariamente las apoyó en la consulta.
«El proyecto de Código de las Familias que presentamos, reafirma el carácter humanista de la Revolución cubana; se erige garante de los postulados constitucionales referidos a los derechos personales y de familia; y encamina a nuestro Estado y sociedad en la búsqueda de una Cuba más justa».
Por otra parte, demostramos, una vez más, que las decisiones trascendentales en torno a la vida de las personas se construyen con el poder popular como cualidad de nuestro sistema, afirmó.
En su intervención, el ministro agradeció a todos los que permitieron, con sus acciones y aportes, llegar hasta este momento con un proyecto de Código de las Familias digno de su pueblo y reflejo de su realidad.
nyr/Granma
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