Quizás quienes hoy lean este comentario entiendan mis argumentos sobre el porqué el pan nuestro de cada día es un termómetro, para medir cómo están muchos de los servicios a la población en nuestra ciudad capital.
Texto y foto: Marjoris López Abad
Aunque hoy sólo me refiero al único alimento que muchos ven garantizado, para calmar cierto malestar fisiológico a pesar de la pésima calidad con la que se vende regularmente a los consumidores.
En tiempos difíciles por la carestía del salario para acceder a los alimentos, el pan sobrevive en los mostradores de panaderías o puntos de venta donde se adquiere con la libreta de abastecimiento y cuando se piensa en este, van implícitos los términos en derechos del consumidor: calidad, respeto al cliente entre otras garantías.
Detrás de un pan de mala calidad, están una mala administración, falta de control de los insumos, corrupción, impunidad repetida y el desinterés manifiesto de los responsables, donde no escapan los gobiernos locales, por solucionar ese viejo problema entre las demandas del soberano.
Es actualmente un hecho real la falta de harina, la tardanza en llegar a los puertos, a los almacenes y finalmente a las panaderías; pero, a mi juicio, nada justifica que en la producción sean violados el control y la calidad de un alimento tan demandado y necesario, ante la carencia de muchos otros, que puede garantizar hoy el Estado cubano.
Mientras tengamos viva esa deficiencia, seguirá latente la siembra de la desconfianza popular y la cosecha del criterio en torno a la incapacidad para dar respuestas a quejas afines al comercio y deficiencias de la industria alimentaria y el comercio interior.
No es solo control popular como siempre dicen en círculos parlamentarios, es la atención del gobierno, de administradores y delegados, a un tema tan sensible como es la calidad del pan.
Muchos lo necesitan, sobre todo quienes no pueden comprarlo en el sector privado por salarios insuficientes.
Que se haga cumplir la resolución 51 de 2024 del Ministerio de Comercio Interior, publicada en gaceta oficial.
Decía entonces al periódico Granma Anayra Cabrera Martínez, directora general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria: esta disminución del gramaje a 60 no tiene por qué significar pérdida en la calidad del producto, por lo que se desplegará, de conjunto con la Oficina de Inspección del organismo, un ejercicio de control para velar por el cumplimiento de lo establecido.
Pero… ¿se cumple hoy? Nada que el papel aguanta todo y la realidad, lamentablemente, es que se viola lo establecido, entonces esta resolución se convierte en letra muerta.
YVL
Véase
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