El acceso a la información de los centros que brindan servicios al pueblo es realmente hoy muy complicado; un tema que merece el interés del gobierno para solucionar el vía crucis entre las instituciones con sus servidores públicos a la cabeza y la población.
Ilustración gráfica tomada del sitio digital pcc.cu
Por Marjoris López Abad
Aún cuando ya fue aproblada en 2023 y publicada en gaceta oficial recientemente, la ley de comunicación social que responde a la importancia del derecho ciudadano al conocimiento e información sobre los servicios, no se cumple por diferentes vías establecidas para ese cometido.
Ley de Comunicación Social, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, entró en vigor el 4 de octubre de 2024/ Foto tomada de Cubadebate
Por ejemplo, ni los teléfonos fijos ni las plataformas digitales, ni las páginas web o correos electrónicos responden, en la mayoría de los casos.
Hacer uso del preciado tiempo para llamar a varios teléfonos de oficinas de trámites, centros de la salud pública, ministerios, empresas y todo lugar donde el pueblo, debe, ser lo primero, es perder no solo tiempo sino también energías, que terminan gastadas por el cansancio de llamar y no ser atendido.
Y no es un problema de ahora por las restricciones en horarios y personal, ante las dificultades del transporte; hace tiempo atrás con el uso masivo del celular y el desinterés por levantar el manófono para informar, era evidente el inicio de una crisis comunicacional por diferentes vías.
La ley de comunicación social, como paso de avance en el intercambio fructífero y fluido del pueblo con las instituciones, es una normativa vital para garantizar que las personas tengan derecho a una información necesaria, inmediata, veraz y oportuna.
Mas, para hacerla viable en todas las formas por simples que parezcan, habrá que demostrarlo en la práctica para que no sea una ley más, ni se engaveten sus artículos y mucho menos quede en letra muerta.
YVL
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